jueves, 8 de mayo de 2014

La ley ayudó a Fariña a negociar con el agua en Mendoza

Un artículo publicado hoy en MDZ se refiere a cómo dos normas -que ahora una senadora de la oposición pide la nulidad- permitieron al "valijero de Lázaro" comprar un terreno en Mendoza y hacerlo al menos 12 veces más caro, gracias a la explotación de pozos de agua en el lugar.

El Fiscal de Estado Adjunto de la Provincia, Javier Fernández, decidió abrir una investigación formal y en apenas 45 minutos inició un expediente para analizar la validez de dos resoluciones de Irrigación muy cuestionadas por grupos de regantes y por la Unión Cívica Radical. De hecho, la senadora Laura Montero hizo la presentación en Fiscalía y Fernández decidió la apertura de la investigación. Las normas en cuestión son una del propio superintendente de Irrigación (164/13) y permite “cambiar” pozos de lugar dentro de un mismo acuífero, y la otra es de Irrigación en pleno y habilita la licitación de pozos de agua por medio de ofertas económicas (548/12). Ahora Montero, igual que antes legisladores provinciales, ha pedido la nulidad de ambas resoluciones, el mismo día en que Leonardo Fariña fue procesado por lavado de dinero. A Fariña le embargaron justamente el campo “El Carrizalejo”, originalmente de la familia mendocina Schiappa de Azevedo en Tunuyán. Y por esa operación es por la que está preso, aunque ayer fue procesado en otro caso de evasión y lavado.

Para ese campo había particulares tramitando pozos de agua, tal como informamos semanas atrás, invocando una de las resoluciones cuestionadas.

Según la senadora Montero, una de las resoluciones "modifica y viola el régimen de prioridad y preferencia" en el agua subterránea y a la vez "pasa por encima del Poder Legislativo al alterar dos leyes ya dictadas". Es decir, interpreta que el DGI se ha arrogado facultades legislativas.



Montero dice que estas resoluciones sirvieron al negocio inmobiliario de Leonardo Fariña, el intermediario preso acusado de lavado de dinero por la compra del campo en Mendoza. "Se generó un negocio que forma parte del oscuro mercado del agua" y que a la vez "genera un peligroso antecedente que puede terminar en la privatización del recurso hídrico" dice.

En este sentido, la senadora nacional expresó que "Fariña o sus socios habrían conseguido hacerse de pozos de agua con dichas resoluciones". Lo que es estrictamente cierto es que esos pozos están en trámite, pero el DGI aún no decidió sobre ellos.

La Resolución 548/12 del Honorable Tribunal Administrativo establece que para acceder al permiso de perforación y concesión de uso especial de agua subterránea “será condición indispensable el ofrecimiento de un aporte pecuniario”. Esto significa “ofrecimiento de un aporte en dinero efectivo”. Por otra parte, la Resolución 164/13 de la Superintendencia de Irrigación -basada en la 548/12- se refiere a la “perforación de reemplazo” que en términos prácticos equivale a “traslado de perforación” de pozos de agua subterránea.

“Ningún habitante de Mendoza podrá, de acuerdo a su necesidad y siguiendo criterios objetivos, solicitar libremente una concesión de agua subterránea, sino que deberá esperar que un grupo de funcionarios discrecionalmente designados, decida dar a publicidad la disponibilidad de pozos de agua en una zona determinada y seguramente terminar en una puja de índole pecuniario”, indica la solicitud de Montero para pedir la nulidad de las resoluciones 548/12 y 164/13, dirigida al Fiscal de Estado Adjunto, Javier Fernández.

Según la ex ministra de Economía de Mendoza, “lo más grave es que este procedimiento es el indeseable efecto de impedir el acceso al recurso hídrico a los que menos tienen y la segura concentración del agua en pocas y poderosas manos” llevando de ese modo a “la instalación de un mercado del agua subterránea”.

La legisladora sostiene que se alteraron “los principios jurídicos básicos en materia de Agua”, con la excusa de “solucionar” la ausencia del concepto de perforación de reemplazo, no tenido en cuenta en otra Resolución también viciada de nulidad.

La Resolución 548 lo emitió el Honorable Tribunal Administrativo el 2 de noviembre de 2012 para reglamentar la Ley 4035 de Agua Subterránea. La misma, según Montero, modifica y viola el régimen de prioridad y preferencia establecido en la misma Ley.

Alegando que esa resolución “excluye” las perforaciones de reemplazo, el 11 de marzo de 2013, la Superintendencia de Irrigación dictó la Resolución 164/13. Sin embargo, la legisladora sostiene que esta última “no sólo tergiversa el término reemplazo de pozos”, sino que además “el Superintendente se arroga de facultades legislativas y se auto designa Órgano Concedente, violando lo dispuesto por la Ley 4035 y 4036” dice la presentación.

Habrá que ver ahora cuáles son las medidas que tomará el Fiscal de Estado Adjunto, a cargo de la fiscalía luego de la destitución del ex fiscal Joaquín de Rosas.

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